Los recientes avances en la tecnología digital y de registro distribuido para los servicios financieros han provocado un crecimiento exponencial de los mercados de activos digitales. Mientras que en la Unión Europea la Comisión somete a consulta pública la creación de un Euro digital, en Estados Unidos el Presidente Joe Biden, ha emitido recientemente una Orden Ejecutiva para garantizar el Desarrollo Responsable de los Activos Digitales que pone el foco en el impulso del dólar digital, teniendo en cuenta prioridades claves como la estabilidad financiera, la protección del consumidor o la inclusión financiera.
Principales objetivos políticos con respecto a los activos digitales
La Orden Ejecutiva se desglosa en diez secciones, entre las que se encuentran los objetivos del Gobierno sobre los activos digitales, las medidas de actuación para abordar la financiación ilícita en activos digitales o la cooperación internacional.
Como primer objetivo, la Orden señala la protección de los consumidores, los inversores y las empresas de Estados Unidos, así como la estabilidad financiera global y de los Estados Unidos.
Además, la Orden dispone que los riesgos de financiación ilícita y de seguridad nacional que plantea el uso indebido de los activos digitales deben ser mitigados por la regulación, garantizando controles adecuados y una responsabilidad de los sistemas de activos digitales con el fin de promover los estándares de transparencia, privacidad y seguridad.
Del mismo modo, se pretende promover el acceso a servicios financieros seguros y asequibles con el objetivo de garantizar que las inversiones y las transferencias de fondos y los pagos nacionales y transfronterizos sean más baratos, más rápidos y más seguros.
Medidas de actuación relacionadas con el dólar digital
La Orden Ejecutiva expone la importancia de llevar a cabo una investigación y el posible desarrollo de una moneda digital de banco central (CBDC) de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que esta moneda podría ser beneficiosa para lograr transacciones más eficientes y de bajo coste, además de fomentar un mayor acceso al sistema financiero con menos riesgos de los que plantean los activos digitales administrados por el sector privado. En consecuencia, se introduce como novedad en este documento la responsabilidad directa del banco central de las monedas digitales, es decir, en Estados Unidos, la Reserva Federal.
Para alcanzar este objetivo, el Secretario del Tesoro, en consulta con otras autoridades competentes, deberá remitir al Presidente, antes del 5 de septiembre de 2022, un informe sobre el futuro de los sistemas monetarios y de pago, en el cual deberá incluir un análisis sobre las posibles implicaciones de un CBDC de Estados Unidos para la inclusión financiera, los intereses nacionales, el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Asimismo, deberá abordarse la posible relación entre un CBDC y los activos digitales administrados por el sector privado, y en qué medida las CBDC extranjeras podrían desplazar las mondas existentes y alterar el sistema de pagos, y con ello la estabilidad financiera.
Por su parte, el Director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica y el Director de Tecnología de los Estados Unidos, deberán presentar una evaluación técnica de la infraestructura tecnológica, la capacidad y los conocimientos especializados que serían necesarios en los organismos pertinentes para facilitar y apoyar la introducción de un sistema CBDC en caso de que se proponga.
Medidas concretas para lograr la protección de los consumidores, inversores y empresas
Debido a que el aumento del uso de los activos digitales y de las bolsas y plataformas de negociación puede suponer determinados riesgos, resulta fundamental establecer protecciones para ampliar el acceso a servicios financieros seguros y asequibles. Para ello la Orden insta a las autoridades competentes a la elaboración y presentación de informes respecto a esta materia.
En este sentido, se encomienda al Secretario del Tesoro la presentación de un informe sobre las implicaciones de los desarrollos y la adopción de los activos digitales y los cambios en el mercado financiero y las infraestructuras de los sistemas de pago para los consumidores de Estados Unidos, los inversores, las empresas y para el crecimiento económico equitativo. Por su parte, el Fiscal General deberá informar sobre el papel de los organismos encargados del cumplimiento normativo de la detección, investigación y persecución de la actividad delictiva relacionada con los activos digitales. Finalmente, el Director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica deberá evaluar las conexiones entre la tecnología de los registros distribuidos y las transiciones económicas y energéticas a corto, medio y largo plazo, y el impactos que estas tecnologías tienen en el medio ambiente y en relación con el cambio climático.
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